LOS LÍMITES DE LA SOBERANÍA
El gobierno del Esdrújulo trabaja más bien poco, a juzgar por su muy parca producción legislativa. Hasta ahí, nada grave –de hecho, habría que probar, algún día, a suspender sine die las actividades del gobierno, a ver qué pasa, porque podríamos llevarnos una grata sorpresa-. Lo peor es que las leyes que hace no las hace, las perpetra, como le pasaba al entrañable Manolito de Mafalda con los deberes, a juicio de su maestra.
Vía libre, pues, al matrimonio entre personas del mismo sexo. Servidor está convencido de la inconstitucionalidad de semejante barbaridad jurídica –más allá de su inconveniencia e inadecuación, como ya expresaron en su día el Consejo de Estado y la Real Academia de Jurisprudencia (también la de la Lengua, claro, pero a esta no se le hace ni caso casi nunca – al fin y al cabo, aquí de lo que se trata es siempre de manipular el lenguaje, o sea de hacer que las palabras signifiquen cualquier cosa menos lo que la Docta Casa dice)-. Creo que el Partido Popular interpondrá el correspondiente recurso, y hará bien.
Del Tribunal Constitucional español uno puede esperar cualquier cosa aunque, no habiendo amigos de los poderosos de por medio, quizá sea posible que entren en el fondo de la cuestión con una cierta sensatez. Tengo mis reservas. Creo firmemente que la ley es inconstitucional porque ni retorciendo el sentido de las palabras se puede llegar a concluir que el artículo 32 de la Constitución puede estar pensando en otro matrimonio que no sea el de hombre y mujer –o sea, el único posible y, con carácter general, el único existente en el derecho comparado-. Pero es que, además, el TC tiene acogida la denominada doctrina de las “garantías institucionales” en cuya virtud la Constitución protege el entramado institucional básico de una sociedad, sus instituciones fundamentales que tienen un carácter absolutamente prejurídico. Sólo sobre la base de un cambio profundo de los consensos en torno a esas instituciones podría plantearse su modificación con validez. Consenso que hoy no se da en torno a la cuestión que nos ocupa, ni mucho menos.
Aunque algunos aprendices de brujo no lo quieran reconocer, existen cuestiones que están vedadas al legislador. De ahí el viejo aforismo británico: “el Parlamento lo puede todo, excepto convertir a un hombre en mujer”. La cita, que data, evidentemente, de épocas en que la cirugía estaba menos avanzada, viene a significar que el Parlamento no es omnipotente, que hay cosas que debe respetar; del mismo modo que ningún Parlamento sobre la faz de la tierra, ni siquiera el de Westminster, puede, por ejemplo, privar a un hombre de su derecho a ser oído antes de ser condenado, ningún Parlamento puede operar cambios sobre el entramado básico de una sociedad sin que esta lo haya decidido así primero. Cuando un Parlamento infringe estas normas de conducta y se excede en el uso de su poder delegado, el propio mecanismo de la representación entra en crisis: el Parlamento niega su propia fuente de legitimidad y todo el sistema se viene abajo como un castillo de naipes. Así de simple y así de grave. Se trata, en definitiva, de la vieja y crítica cuestión de los límites de la soberanía.
No soy especialmente defensor de los referendos. Creo que existen muchos y muy buenos motivos para, por lo menos, hacer de ellos el menor uso posible. Ahora bien, si hay alguna materia especialmente apta para ser tratada en un referendo es esta. La modificación de instituciones del entramado básico de la sociedad. El razonamiento es claro: si no se puede concebir un cambio constitucional sin intervención del poder constituyente, ¿cómo es posible no recurrir a él para operar sobre los aspectos auténticamente prejurídicos, sobre los fundamentos de nuestro sistema jurídico, social, moral y cultural? No deja de ser paradójico todo esto, sobre todo después del espectáculo, la payasada del ya olvidado referendo de febrero.
Lo sucedido muestra, a las claras, una vez más, el carácter meramente procedimental que el socialismo gobernante otorga a la democracia. Su profunda incomprensión de los mecanismos básicos de la misma. Cómo concibe que todo, absolutamente todo, son una especie de reglas de juego, en sí mismas vacías de contenido material alguno. Una democracia no ya inmoral, sino simplemente amoral y, por eso mismo, indeseable – no militante, en palabras de Jiménez de Parga. El socialismo, al menos el español, concibe el estado de derecho como instrumento, no como entorno ni como marco. Conviene tenerlo claro, para evitar reacciones de perplejidad como las que nos asaltan todos los días.
Lo más grave de todo, no obstante, es la frivolidad con que se ha acometido este asunto. Como ni siquiera una cuestión tan grave se ha librado de la dosis de tontería marca de la casa. Ayer mismo, el Esdrújulo se despachaba con unas declaraciones salidas de las honduras de la estulticia más profunda, que este sujeto ha elevado a la categoría de programa gubernamental.
Y es que es muy triste padecer a un Presidente del Gobierno que ni en los momentos más importantes es capaz de dispensarnos de la ración diaria de lugares comunes.
Vía libre, pues, al matrimonio entre personas del mismo sexo. Servidor está convencido de la inconstitucionalidad de semejante barbaridad jurídica –más allá de su inconveniencia e inadecuación, como ya expresaron en su día el Consejo de Estado y la Real Academia de Jurisprudencia (también la de la Lengua, claro, pero a esta no se le hace ni caso casi nunca – al fin y al cabo, aquí de lo que se trata es siempre de manipular el lenguaje, o sea de hacer que las palabras signifiquen cualquier cosa menos lo que la Docta Casa dice)-. Creo que el Partido Popular interpondrá el correspondiente recurso, y hará bien.
Del Tribunal Constitucional español uno puede esperar cualquier cosa aunque, no habiendo amigos de los poderosos de por medio, quizá sea posible que entren en el fondo de la cuestión con una cierta sensatez. Tengo mis reservas. Creo firmemente que la ley es inconstitucional porque ni retorciendo el sentido de las palabras se puede llegar a concluir que el artículo 32 de la Constitución puede estar pensando en otro matrimonio que no sea el de hombre y mujer –o sea, el único posible y, con carácter general, el único existente en el derecho comparado-. Pero es que, además, el TC tiene acogida la denominada doctrina de las “garantías institucionales” en cuya virtud la Constitución protege el entramado institucional básico de una sociedad, sus instituciones fundamentales que tienen un carácter absolutamente prejurídico. Sólo sobre la base de un cambio profundo de los consensos en torno a esas instituciones podría plantearse su modificación con validez. Consenso que hoy no se da en torno a la cuestión que nos ocupa, ni mucho menos.
Aunque algunos aprendices de brujo no lo quieran reconocer, existen cuestiones que están vedadas al legislador. De ahí el viejo aforismo británico: “el Parlamento lo puede todo, excepto convertir a un hombre en mujer”. La cita, que data, evidentemente, de épocas en que la cirugía estaba menos avanzada, viene a significar que el Parlamento no es omnipotente, que hay cosas que debe respetar; del mismo modo que ningún Parlamento sobre la faz de la tierra, ni siquiera el de Westminster, puede, por ejemplo, privar a un hombre de su derecho a ser oído antes de ser condenado, ningún Parlamento puede operar cambios sobre el entramado básico de una sociedad sin que esta lo haya decidido así primero. Cuando un Parlamento infringe estas normas de conducta y se excede en el uso de su poder delegado, el propio mecanismo de la representación entra en crisis: el Parlamento niega su propia fuente de legitimidad y todo el sistema se viene abajo como un castillo de naipes. Así de simple y así de grave. Se trata, en definitiva, de la vieja y crítica cuestión de los límites de la soberanía.
No soy especialmente defensor de los referendos. Creo que existen muchos y muy buenos motivos para, por lo menos, hacer de ellos el menor uso posible. Ahora bien, si hay alguna materia especialmente apta para ser tratada en un referendo es esta. La modificación de instituciones del entramado básico de la sociedad. El razonamiento es claro: si no se puede concebir un cambio constitucional sin intervención del poder constituyente, ¿cómo es posible no recurrir a él para operar sobre los aspectos auténticamente prejurídicos, sobre los fundamentos de nuestro sistema jurídico, social, moral y cultural? No deja de ser paradójico todo esto, sobre todo después del espectáculo, la payasada del ya olvidado referendo de febrero.
Lo sucedido muestra, a las claras, una vez más, el carácter meramente procedimental que el socialismo gobernante otorga a la democracia. Su profunda incomprensión de los mecanismos básicos de la misma. Cómo concibe que todo, absolutamente todo, son una especie de reglas de juego, en sí mismas vacías de contenido material alguno. Una democracia no ya inmoral, sino simplemente amoral y, por eso mismo, indeseable – no militante, en palabras de Jiménez de Parga. El socialismo, al menos el español, concibe el estado de derecho como instrumento, no como entorno ni como marco. Conviene tenerlo claro, para evitar reacciones de perplejidad como las que nos asaltan todos los días.
Lo más grave de todo, no obstante, es la frivolidad con que se ha acometido este asunto. Como ni siquiera una cuestión tan grave se ha librado de la dosis de tontería marca de la casa. Ayer mismo, el Esdrújulo se despachaba con unas declaraciones salidas de las honduras de la estulticia más profunda, que este sujeto ha elevado a la categoría de programa gubernamental.
Y es que es muy triste padecer a un Presidente del Gobierno que ni en los momentos más importantes es capaz de dispensarnos de la ración diaria de lugares comunes.
posted by FMH at
9:24 a. m.
2 Comments:
Ya argumenté en su momento contra la idea de que el matrimonio no sea una institución "disponible" para el legislador cuando surgió aquí el tema. Tampoco creo que el matrimonio homosexual sea inconstitucional, ni mucho menos. Es cierto que en 1978 esta posibilidad no estaba en el horizonte de lo previsible, como no lo están ahora otras opciones imaginables, pero eso, por sí mismo, no implica necesariamente inconstitucionalidad.
Lo que sí se ha dado es ese cambio de los consensos mayoritarios que tú niegas. No es un consenso universal, desde luego, pero sí mayoritariamente extendido. Otra cosa es que haya minorías significativas que se oponen a él con vehemencia, como las manifestaciones encabezadas por nigromantes con gorrita de bésibol dejan ver. Eso también ocurrió, por cierto, con la ley de divorcio en su momento, contestada con similares argumentos por las mismas instituciones y por el mismo segmento social que se echa ahora a la calle (eso sí, entonces no se manifestaban; eso sólo lo hacían los rojos: aún entrañaba cierto peligro, como los familiares y amigos de algún muerto por los proverbiales disparos al aire en alguna manifestación de mi época estudiantil podrían atestiguar). Tampoco soy yo un entusiasta de los referendos, pero no me hubiera parecido inapropiado someter a uno esta cuestión. Se habría ganado por goleada, como el del divorcio de haberse hecho.
Al margen de consideraciones de fondo que ya hice en su momento, no consigo entender este empecinamiento en limitar la libertad de otros cuando no interfiere con la nuestra ni la modifica en nada. Sobre todo no puedo entender cómo se casa este empeño ordenancista e intrusivo en la vida de los demás con una concepción liberal de las relaciones sociales, si es que ese adjetivo guarda todavía algún girón del significado común que siempre tuvo.
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Anónimo, at 3:56 p. m.
Respecto al matrimonio entre homosexuales, estoy confundido, pero, en cualquier caso, considero que, tarde o temprano, se legalizará en todos o casi todos los países de nuestro entorno. Sin embargo, lo mejor hubiese sido convocar un referendum, porque es un caso propio para este sistema. No entiendo su rechazo, FMH, por lo menos en esta circunstancia. Ciertamente, las consultas populares, en algunas casos, por ejemplo, en un canton suizo, llegan al punto del absurdo, y se someten a referéndum situaciones que son materia para que resuelvan los políticos o gestores públicos, que para eso están. Pero el caso del matrimonio homosexual es distinto. Es un caso extremo. Los políticos están haciendo un uso peligroso de esta cuestión. Se puede ser de derechas o de izquierdas y estar, indistintamente, en contra o a favor de la postura que respecto al matrimonio homesexual ha adoptado el partido con el que uno se siente más indentificado. La política que se desea de un gobierno es la que permita progresar al país, y lo que se espera de la oposición es una vigilancia que obligue al adversario a hacer las cosas bien. Nada de esto pasa con la discusión sobre matrimonio. Si se hubiese sometido a consulta,habríamos votado, tendríamos que admitir el resultado, y los políticos, sencillamente, se limitarían a las cuestiones que mantienen el país. Hay que ahondar sobre esta cuestión, pero el referéndum puede ser una solución para algunas circunstancias de enfrentamiento social, por ejemplo, el presente. Gonzalo.
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Anónimo, at 6:23 p. m.
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