LA DOCTRINA GUNDISALVO (A USTED QUÉ MÁS LE DA...)

La verdad es que llevo ya mucho escrito a propósito de la cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo, y es posible que me repita, pero no quiero dejar pasar la ocasión de exponer todos mis argumentos antes del Día del Orgullo Gay que, por lo visto, es un nuevo hito del calendario español. Ya puestos, alguien podría proponerle a nuestro ínclito presidente que la paga extra de julio pasase a denominarse paga del Orgullo, a modo de victoria retrospectiva, ya definitiva, sobre la España oscura (que hay algún abuelete despistado que sigue esperando la del 18 de julio).

Me queda una última cuestión por abordar, que es el intento de refutación de la nueva doctrina oficial. Podríamos denominarla la “doctrina Gundisalvo” (“vóteme, a usted qué más le da”, ¿recuerdan?). Bromas aparte, el argumento es que no tiene sentido alguno negarse a una “ampliación de derechos” que en nada menoscaba los ya existentes. Dicho de otro modo, a mí que dos homosexuales se casen debería darme exactamente lo mismo, toda vez que mi contrato matrimonial sigue siendo válido y, en general, todos mis derechos y obligaciones, también. Algún corresponsal me sugiere, además, que si alguien debería apoyar ese argumento somos, precisamente, los liberales que, al fin y al cabo, hacemos bandera de que cada cual viva como mejor le parezca con tal de que no interfiera con las libertades ajenas. La extensión del matrimonio sería, pues, y según se ha repetido hasta la saciedad desde medios gubernamentales, algo así como un territorio ignoto, cuyo descubrimiento agranda el mundo conocido, sin que, claro, lo ya familiar encoja por ello.

El argumento es varias veces falaz. Veamos por qué.

Es falaz porque no estamos ante una discusión sobre derechos y obligaciones individuales, sino sobre la naturaleza de una determinada institución jurídica y, más exactamente, sobre una reserva de denominación. Nadie pretende negar a los homosexuales el derecho a vivir more uxorio y, más aún, a gozar de buena parte del contenido de la institución matrimonial, si no de todo. Como he comentado –y el argumento no es mío- en otra ocasión no existe un “derecho al matrimonio” sino un derecho a contraerlo. Y este derecho, por otra parte, también lo disfrutan los homosexuales. Lo que no existe es ningún derecho a que una institución se adapte a las necesidades particulares de alguien (y, ojo, si se hace una vez, ya se me explicará por qué no puede hacerse otras – polígamos, preparaos) que no cumple con los requisitos básicos para acceder a la misma. Se podrá, en todo caso, si es que esta circunstancia crea desventaja, remediar la cuestión por alguna vía. Si, por opción sexual, la vida con una pareja del mismo sexo contraría mis planteamientos, yo puedo exigir del Estado que arbitre fórmulas para restablecer la igualdad de oportunidades y trato, pero no puedo exigirle que desnaturalice las instituciones existentes.

Es cierto que a todos debería darnos igual lo que la gente haga con los aspectos personalísimos de su vida y, por supuesto, esto es especialmente cierto en el caso de los liberales. Pero a los liberales no nos da igual lo que se haga con el marco jurídico y con las instituciones fundamentales de la sociedad en la que vivimos. En absoluto. Precisamente porque, si algo creemos los liberales, es en la existencia de instituciones prejurídicas o cuando menos, preestatales, de las que el poder político no puede disponer cuando y como quiera. De hecho, ese es el canon liberal para reconocer la legitimidad de un poder político: su grado de respeto por los derechos básicos del ser humano (libertad, igualdad y propiedad) y por los auténticos ladrillos de la sociedad civil, que son sus instituciones básicas: matrimonio y familia entre ellas.

El hecho de que se redefinan algunos de esos elementos básicos de manera arbitraria quizá no tenga una repercusión inmediata en la vida de cada uno –es cierto que mi vida no va a cambiar porque mi vecino homosexual se case con su pareja-, pero esto no es cierto en el medio y largo plazo. Cuando redefinimos determinadas claves, la sociedad cambia y, por supuesto, esos cambios no son inmediatamente perceptibles. De ahí a decir que no nos concierne media un abismo. De hecho, esto lo saben muy bien quienes han promovido toda esta campaña. A muchos homosexuales no les parece correcto ni necesario hacer casus belli de la cuestión del nombre. Quieren, eso sí, los derechos, que nadie les niega. Sin embargo, la proporción más ideologizada del mundo gay sí hace de la batalla simbólica el quid de la cuestión, ¿acaso no se podría volver el argumento por pasiva?, puesto que el asunto es tan poco importante, ¿por qué no ceden el presidente del Gobierno y el señor Zerolo? Curiosamente, la máxima intransigencia se da en torno al aspecto sobre el que se supone que todos los demás deben transar, por nimio e intrascendente. Extraño, ¿no?

Queda abierta la cuestión de cuál es el grado de consenso en torno a esta medida. Porque lo que yo no pretendo es que los conceptos culturales básicos sean totalmente inmutables. Los defensores del matrimonio homosexual afirman que una consulta popular la ganarían por goleada. Permítaseme dudarlo. Tengo para mí que existe, en torno al asunto, una importante fractura.

Es también recurrente la comparación con la reforma que, en su día, trajo el divorcio. Es cierto que algunos sectores, especialmente la Iglesia, hablan de una y otra cuestión con parejos argumentos. Desde un punto de vista jurídico-civil, ambos temas son radicalmente distintos. La existencia del divorcio en nada altera la naturaleza básica de la relación matrimonial, que no por desempeñar funciones sociales básicas deja de ser un acuerdo de voluntades. Hay dos argumentos que refuerzan esta idea: el matrimonio indisoluble es un invento relativamente reciente y muy ligado a algunas religiones, y el divorcio existe (existía en 1981) en casi todo el derecho comparado. Ambas notas están completamente ausentes del nuevo invento, que no tiene, desde luego, precedentes culturales, pero apenas los tiene, tampoco, en otros ordenamientos jurídicos.

Otro de mis corresponsales afirma que él cree que, antes o después, la mayoría de los sistemas reconocerán el matrimonio homosexual. Bueno, eso es un juicio de valor que puede o no ser cierto. Hoy por hoy, desde luego, sólo está vigente en un par de estados europeos... y en un rincón de Europa suroccidental donde viven unos señores con problemas continuos de identidad, dirigidos por un tipo cuya máxima aspiración en la vida es llegar con una ley aprobada al Día del Orgullo Gay.