IRRESPONSABILIDAD, DIVINO TESORO

La solicitud del gobierno catalán de que el ministro Solbes llame al orden a las comunidades limítrofes que, irresponsables ellas, se lanzan a una carrera por rebajar impuestos resulta de lo más reveladora. Supongo que es simple casualidad que ese súbito interés por la armonía y la unidad de mercado se produzca en un asunto como es el de la fiscalidad de las sucesiones, en el que los ciudadanos, al menos los residentes en provincias contiguas de comunidades autónomas fronterizas tienen una cierta capacidad de votar con los pies –puede ser ventajoso, vaya usted a saber, dependiendo de tipos impositivos, ir a instalarse en Castellón, si uno vive en Tarragona, pongamos por caso.

Nunca se ve la misma preocupación, digamos, por los horarios comerciales, materia en la que también cada comunidad hace de su capa un sayo, perjudicando a las empresas que están presentes en más de una región y dificultando su gestión. Y es que, claro, es más difícil llevarse un hipermercado bajo el brazo. Conocemos, al tiempo, que la gran empresa Pescanova ha decidido llevarse al otro lado de la raya de Portugal una piscifactoría de tamaño descomunal, que no puede instalar en su Galicia natal porque el gobierno le pone trabas. El gobierno dice que no pone trabas, sino que, simplemente, intentaba que la piscifactoría se instalara no donde la empresa quería, sino en otra zona de la comunidad –eso, señores, no es una traba, para algunos: usted no puede instalar la piscifactoría donde le pete, sino donde al político le salga de los pelendengues, así sea en Ciudad Real.

Ya había apuntado el propio Solbes que, pese al continuo cacareo sobre la autonomía fiscal, pocos parecían por la labor de ejercerla, no vaya a ser que hacerlo tenga algún coste político.

Y es que todo apunta a que nuestros políticos autonómicos se han acostumbrado a vivir en el mejor de los mundos posibles, que es el de la competencia sin responsabilidad, y no obstante la demanda infinita de mayores facultades, quieren seguir viviendo tranquilos. No parece necesario extenderse en la idea de que una administración pública exenta de responsabilidad es el engendro más lesivo para la libertad que imaginarse pueda.

Guste o no, la ley ha dotado a las regiones españolas de enormes capacidades. Los gobiernos autonómicos no son meras administraciones de gestión, sino entes dotados de iniciativa y capacidad de orientar políticamente su acción. En este sentido, por ejemplo, los políticos autonómicos pueden decidir si la herencia, como instituto, les parece más o menos digna de protección. En función de esa decisión, y de otros factores, son libres de plantear cosas como la fiscalidad de las sucesiones. Igualmente, son enteramente libres de decidir si desean que una piscifactoría se instale en su territorio o, por el contrario, valoran más otras circunstancias.

El problema empieza cuando estos sujetos pretenden que los ciudadanos asuman sus decisiones sean estas cuales sean, y que no hagan uso de lo que antes eran derechos y ahora hay que empezar a entender como mecanismos de defensa, cual es el de situar su residencia allí donde les apetezca en España o, llegado el caso, en la Unión Europea. Hay muestras evidentes de que es eso lo que desean. El ciudadano catalán debe seguir residiendo en Tarragona, del mismo modo que Pescanova ha de instalar su factoría allí donde le indique –en oficio librado en gallego, naturalmente- el funcionario de turno.

Como los ciudadanos se resisten, los jerarcas autonómicos no tienen empacho, primero, en acudir al ministro para solicitar de él que limite las capacidades de otros. De no bastar esa medida, es probable que el siguiente paso sea que intenten cercenar las libertades de los propios ciudadanos.

Todo antes de que la realidad te estropee un bonito sueño político. Gozosos aquellos tiempos –deben pensar algunos- en el que el cruce de fronteras requería de prolija documentación expedida discrecionalmente por los mismos funcionarios que se erigían en la mejor de las causas para emigrar. Cuando uno podía desarrollar su proyecto político sin injerencias de ningún tipo, al abrigo de aranceles, barreras y todo tipo de dificultades administrativas.

Dichosos los años en los que las consecuencias de las decisiones políticas siempre tenía que asumirlas otro distinto del que las tomaba.