A VUELTAS CON LA EDUCACIÓN

He repetido en múltiples ocasiones que, en mi opinión, si en algo se ha mostrado nefasto el Partido Socialista en los años de la democracia ha sido en materia de educación y, en particular, con la malhadada Logse. Hay dos cosas que estoy, no obstante, dispuesto a conceder. Una, que el deterioro de la calidad del sistema educativo comenzó, desde cierto punto de vista, con la reforma de 1970 –nada que ver, desde luego, con la hecatombe posterior- y, por tanto, la Logse representa la caída en picado en un proceso con varios jalones. Y, dos, que la propuesta de Sansegundo contiene avances respecto a la Logse, pero estos avances son mucho menores que los que habría traído consigo la Ley de Calidad y, desde luego, no van a solucionar el problema, porque en absoluto atacan su núcleo. Estoy, también, por supuesto, dispuesto a conceder que hay en la izquierda mucha gente preocupada, de buena fe, por el problema educativo, lo cual demuestra que conservan algo de sentido común incluso en la era Zapatero –porque este es, sin lugar a dudas, el primer problema nacional.

Admitido por casi todos, por evidente, que la situación de la educación española es incluso más desastrosa que la de la media de los países desarrollados, la izquierda sostiene que, en realidad, la culpa es del PP, que durante 7 años negó los medios precisos, favoreció descaradamente los intereses de la Iglesia –titular de la mayoría de los centros concertados- y, con sus propuestas de reforma, intentó llevar el clasismo a los centros educativos. A fortiori, se dice que la tan traída y llevada insistencia en “la excelencia” es un lugar común de imposible definición, que a nada conduce. A mi entender, hay aquí multitud de errores.

En primer lugar, como han puesto de manifiesto muchos especialistas, no estamos ante un problema de medios. Medios hay más que nunca, en todos los centros: públicos, concertados y exclusivamente privados. Por supuesto, todo es mejorable –en general, todo bien gratuito tiene demanda infinita y, por definición, nunca la dotación de medios se considerará satisfactoria. Pero, en todo caso, la equipación de los centros docentes es infinitamente mejor de lo que era. Los habrá mejores, los habrá peores, pero no creo que sea posible defender que el fracaso escolar obedece a que no se pone dinero suficiente. No, al menos, en los niveles en que se produce.

En el tan traído y llevado asunto de la concertada –sinónimo, para la Izquierda, de centros de la Iglesia-, casi nadie parece hacerse, como es de esperar en ese campo, la pregunta más elemental: ¿por qué los padres españoles, creyentes o no, escogen esos centros para sus hijos? Se dice que porque no hay en ellos inmigrantes, pero se soslaya que eso era así también antes de que la inmigración fuese significativa en nuestro país. Por supuesto, al ingeniero social del ministerio, ni se le pasa por la cabeza que los padres, dejados a sus propias fuerzas, sean capaces de decidir que esa educación es mejor: porque la enseñanza es de más calidad, porque hay más disciplina en los centros y, por qué no, porque un ideario cristiano (con ideas tan inaceptables como que toda persona tiene una dignidad inalienable y demás) puede no ser una mala base para una vida posterior –muchos de los que en España somos hoy mayores de edad recibimos la educación primaria y secundaria en centros religiosos, y hoy somos católicos practicantes, no practicantes, agnósticos, ateos o profesamos cualquier otra religión; por otra parte, la proporción de abusados sexualmente es, creo, más moderada que lo que se deduciría de la filmografía de Almodóvar-. Es decir, que puede que no se trate de una conspiración de la derecha, sino que, quizá, los padres perciben en los centros públicos una absoluta falta de voluntad de competir (sé que esta palabra resulta por completo aberrante a ciertos oídos en relación con la educación, pero así es).

Por otra parte, el argumento, al pasar a la educación superior, choca con un problema. ¿Si la derecha favorece sistemáticamente la educación privada, por qué las universidades públicas no han padecido esa política desleal? Por la sencilla razón de que, con muy honrosas excepciones, muchos padres –incluso padres pudientes- perciben que las universidades privadas son coladeros para niños ricos incapaces de acceder al sistema público. Es decir, los padres –o ya los estudiantes mismos, en este caso- aplican el mismo patrón, pero con resultados diferentes. El mismo argumento vale para el conjunto de las universidades públicas mismas. ¿Por qué las familias se siguen imponiendo el esfuerzo de enviar a sus hijos a las universidades de toda la vida –las de las grandes capitales o las acrisoladas y vetustas universidades de Salamanca, Santiago...- en lugar de ir a las magníficas nuevas instalaciones que tienen al lado de casa? ¿Puede ser porque consideran que están llenas de nulidades académicas dando clase en espera de que la endogamia de los departamentos les permita volver a sus lugares de origen...?

Sobre la capacitación del profesorado en secundaria y primaria no caben dudas. Asimismo sin dudas, esa capacitación desaparecerá tan pronto como la marea llegue a la enseñanza superior del todo. Un bachiller semianalfabeto se convertirá, en su día, en un licenciado ágrafo, incapaz, lógicamente, de enseñar nada.

No creo que haya problemas de medios ni sesgos políticos significativos –mucho me temo que los padres, simplemente, se defienden de lo que se les impone-. El problema es profundamente ideológico y estriba, desde luego, en la renuncia total a la excelencia como motor del sistema.

¿Qué es la búsqueda de la excelencia? Ni más ni menos que el afán de continua superación, personal y, desde luego, académica. Es negarse a aceptar que la mediocridad está bien. Es, sí, aceptar que no todos somos iguales. Es no autoengañarse mediante “adaptaciones” que permitan confluir en un único título rendimientos académicos muy diferentes. Es aceptar que no todos los niveles de esfuerzo merecen la misma recompensa y que aquel que estudia y trabaja merece que se le reconozca.

De hecho, como bien decía el catedrático de derecho administrativo de la Universidad a Distancia Ramón Parada, en el marco educativo, la más genuinamente pública de las funciones es la emisión de títulos. Incluso más importante que el derecho a ser instruido –lo que no tiene, ni mucho menos, por qué traducirse en una red de centros públicos de enseñanza, menos aún con carácter monopólico, como se pretendió en su día- es el derecho a ser examinado. El derecho a que la Autoridad certifique erga omnes, la aptitud adquirida y, por tanto, a obtener patente para que la sociedad reconozca esa formación sin más trámite.

Mediante la glorificación de la mediocridad que la Izquierda promovió al prostituir y desnaturalizar el principio –ser examinado objetivamente no sólo no es un derecho, antes bien, es una traumatizante experiencia encaminada a dividir el mundo en clases- logró hacer el máximo daño posible a la igualdad de oportunidades. Igual que cuando niega la posibilidad de vías alternativas en función de las capacidades de las personas.

Como nadie es más que nadie, toda autoridad impuesta es ilegítima. De ahí llegamos –por aplicación de la ley, y no porque lo diga la derecha- a extremos tan aberrantes como que la expulsión del aula de un alumno sea prácticamente imposible o que el castigo a un vándalo de once años requiera, prácticamente, las garantías procesales de un reo de malversación de fondos. El profesor (¿se sigue llamando así o es una “unidad docente mínima”?) es prisionero de un sistema delirante en la que, además de tener que aplicar medios democráticos para enfrentarse, a veces, a turbas que lo único que saben de memoria es su tabla de derechos, es vigilado de cerca por todo tipo de comisarios –orientadores, pedagogos, asesores...- dedicados a hacer experimentos con él, que pueden concluir que carece de las adecuadas capacidades. No es de extrañar que haya tal nivel de incidencia de patologías hasta hace algunos años poco comunes entre los maestros. Lo último que necesitas cuando un animalito de diez años acaba de insultarte, imagino, es una pedagoga recordándote que “haces poco por potenciar los elementos actitudinales”. No es un chiste, es el pan nuestro de cada día de nuestros profesores en primaria y secundaria, y la anécdota que acabo de transcribir es real y no infrecuente.

Al hacer esto, al trasladar al sistema educativo una visión plana y extremadamente empobrecedora de la enseñanza, la Izquierda no hizo sino transponer el sistema de valores que aplica en todos los ámbitos. Esto es, si cabe, más grave cuando la sociedad va por derroteros muy dudosos. La escuela, la gran contramedida, la gran promotora de ciudadanía, se convierte en una colaboradora impagable del adocenamiento, la estupidez y la anulación de la capacidad crítica.

Entiendo que es legítimo preguntarse quién es, en realidad, clasista.

Eso sí, cuando los educandos vean un cartel que pide el voto “a todos y todas” les parecerá algo normal. Bien pensado, sí es posible que el sistema cumpla una función.